Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto.
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“La sustitución voluntaria de cultivos cambiará el panorama de la coca en Colombia”: Rafael Pardo

El alto consejero para el Posconflicto busca que los acuerdos permitan que las familias vean en la sustitución de cultivos ilícitos alternativas productivas.

El alto consejero para el Posconflicto,  Rafael Pardo, aseguró que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, se convertirá en eje fundamental de la política del Gobierno Nacional para combatir los cultivos de coca.

“Llevamos 20 años fumigando esas plantaciones ilegales y no hemos obtenido grandes logros. Mientras que el inicio de una relación directa con las familias campesinas y sus organizaciones nos ha permitido acercarnos a ellas y hacer pedagogía sobre la importancia del uso de la tierra en el marco de lo legal”, aseguró el alto funcionario.

Pardo busca que los acuerdos permitan que las familias vean en la sustitución de cultivos ilícitos alternativas productivas y así tener una vida digna, tranquila y que los invite a dejar atrás las siembras ilegales.

El funcionario destacó que los acuerdos con las familias y organizaciones se complementan con la puesta en marcha de programas de desarrollo rural en las zonas afectadas, vías terciarias, asesoría agrícola y apoyos monetarios. De esta manera se da un paso adelante hacia el cierre de brechas entre el campo y la ciudad.

El Plan Pnis fue presentado el 27 de enero con las Farc, que tiene el compromiso de promover ante las comunidades sobre las que han tenido influencia histórica, la sustitución de coca por otras plantaciones que traigan desarrollo a las comunidades.

A la fecha ya se han firmado pactos con más de 55 mil familias en 47 mil hectáreas, por medio de acuerdos departamentales como Putumayo y Guaviare; y pactos municipales en los departamentos de Nariño, Meta, Vichada, Norte de Santander, Cauca y Caquetá.

El alto funcionario agregó que la combinación de la erradicación y la sustitución es una respuesta contundente del Gobierno para luchar contra el aumento de cultivos ilícitos. 

Para finales de 2017, tanto la erradicación forzosa y como la sustitución voluntaria tienen la meta de eliminar 50 mil hectáreas, cada una.

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